Los servidores de Internet en España han finalizado todas las conversaciones ordenadas por el gobierno con la industria del cine y la música, después de rechazar la desconexión de los supuestos piratas. Las conversaciones tenían el propósito de reducir la piratería online , pero los sevidores dicen que es imposible si no se dispone de herramientas legales.
El presidente de Redtel, la asociación de servidores que incluye a Telefónica, Orange, Vodafone y Ono, ha confirmado lo que de alguna manera se venía temiendo, desde que las conversaciones con la industria del entretenimiento fueron suspendidas en el mes de Abril. Miguel Canalejo dijo que las negociaciones con la Coalición de Creadores para encontrar un acuerdo aceptable en la descarga ilícita de compartimiento de archivos están finalizadas.
La coalición encabezada por la SGAE y Promusicae, tomó la ahora bastante común iniciativa de demandar que los servidores implementen la estrategia de los tres avisos, para los supuestos piratas online, pero esto fué directamente rechazado por los servidores. Los sostenedores de los derechos vinieron entonces con una nueva demanda para sofocar en cambio a los supuestos compartidores de archivos. Los servidores también rechazaron esta demanda.
Según Canalejo, la otra mayor razón, por la cual las negociaciones llegaron a su fín, fué el fracaso de los provedores de contenido, de tener una atractiva alternativa legal para el compartir archivos. “La piratería no es un fenómeno que debe ser perseguido y demonizado”, dijo, mientras comentó que las alternativas legales son irrisorias.
Para reducir la piratería, los servidores hivieron la sugestión al Ministerio de Industria que se debería crear un portal que ofeciera música, películas y juegos.
“Los provededores de contenido deberían tenr una aproximación más empresarial. Están defendiendo un modelo de distribución tradicional, y nosotros estamos creando un negocio nuevo”, dijo Canalejo.
Haciendo notar que los cambios llegarían a través de la seguridad y la educación, Canalejo dijo que las negociaciones con los sotenedores de los derrechos podrían continuar, solo cuando el gobierno esté abierto a plantear medidas contra el compartimiento de archivos, añadiendo que cualquier medida debe “proteger a los usuarios de Internet y dar certeza legal a los servidores”.