Gran Bretaña rechaza el llamado del ACTA para criminalizar el compartimiento ilegal

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A raíz de las revelaciones de un documento filtrado del ACTA, en que se espera de los países participantes impongan un sistema de multas y sentencias de cárcel para aquellos que comparten archivos sin autorización, el Reino Unido ha descartado esa respuesta. El gobierno ha anunciado que cree que dichas sanciones son inadecuadas para hacer frente a los infractores de derechos de autor de poca monta.

“El acuerdo ACTA, por su opacidad y su naturaleza no democrática, permite que ue-50-09-banderas-27-eemmlas sanciones penales sean simplemente negociado”, comentó Jérémie Zimmermann, portavoz de La Quadrature du Net. “Del documento filtrado se deduce que los Estados miembros de la UE están dispuestos a imponer sanciones de prisión para usos no comerciales de obras con derechos de autor en Internet, así como para los que ” inciten y ayuden ‘, una noción tan amplia que puede cubrir cualquier servicio de Internet o discurso que cuestione las políticas de derechos de autor. “

Como señaló Zimmermann, el texto del ACTA incluye propuestas para aplicar sanciones penales a las “infracciones que no tienen una motivación directa o indirecta de ganancia financiera”. Se ha sugerido que los “beneficios financieros” podría ser simplemente obtener algo, aunque sea sin pagar nada.

Sin embargo, parece que al menos un país está mostrando una renuencia a ir junto con las sugerencias de que los que intercambian archivos deben sentir todo el peso de un tribunal penal. El Gobierno británico ha dicho que siente que las sanciones penales son una forma inadecuada para hacer frente a este tipo de infracción de copyright.

En la actualidad, el uso personal de compartir archivos en una escala no comercial, es casi siempre considerada una ofensa civil en el Reino Unido. Sin embargo, ha habido excepciones. En el caso de los “uploaders” de OiNK (que en realidad subieron muy poco por cierto), sus casos fueron escuchados por un tribunal penal y en última instancia, recibieron multas y órdenes de servicio comunitario. Esto demuestra que cuando la gente lo suficientemente poderosa está involucrada, es trivial escalar una ofensa por encima de su lugar.

Dicho esto, sería ridículo tener pequeñas infracciones tratadas por los tribunales penales como cuestión de rutina, así que espero que el Gobierno británico se mantenga firme. Jim Killock, director ejecutivo de la Open Rights Group dijo que el gobierno ahora tiene que hacer su oposición a estas propuestas públicas y claras a los EE.UU. y la UE.


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