Estudios recientes realizados por la Industria
Fonográfica Británica (BPI) sugieren que el número total de usuarios de Internet del Reino Unido que se dedican a las actividades ilegales de intercambio de archivos puede ser más de siete millones.
Preocupado por la abrumadora tendencia del intercambio de archivos el gobierno británico ha intentado en numerosas ocasiones poner en práctica soluciones correctivas, muchos de los cuales en forma de leyes anti-piratería. EL Digital Economy Bill (DEB), a la espera de la aprobación de los políticos en el Parlamento, es con mucho la medida más controvertida de todas.
Principalmente anunciado por los políticos como un medio para desalentar la infracción de copyright al advertir y educar a la gente para mantenerla lejos de esta práctica, el Digital Economy Bill es, en verdad, lo suficientemente poderoso como para hacer cumplir el enjuiciamiento de una persona en virtud de la reclamación de intercambio ilegal de archivos. Pero aún incluso, si su intención es solo asustar a la gente en el intercambio de archivos ilegales, el proyecto de ley no está exento de inconvenientes.
La ley estipula rastrear la gente que repetidamente comete la infracción de copyright y alertarle a través de un sistema de escritura de cartas antes de considerar la posibilidad de llevarlos ante un juez. Sin embargo, este sistema de cartas, junto con otras medidas propuestas tiene un gran costo en dinero, que podría conducir a un aumento significativo en el precio total de la banda ancha.
Mientras los utopistas del BPI estiman que las facturas de los usuarios de Internet subirían menos de £ 1 por año, los proveedores de servicios de Internet en el Reino Unido presentan un pronóstico más pesimista, advirtiendo que la subida de precios en realidad podría ser mucho más pronunciada que eso. British Telecom prevé que los consumidores de Internet tendrá que gastar hasta £ 25 más en sus cuentas regulares de servicios de Internet con el fin de compensar los gastos de escritura de cartas, así como el seguimiento y la aplicación de diversas medidas técnicas. Pagar tanto por el acceso a Internet, no sería realista y los proveedores de servicios podrían perder muchos clientes a causa del DEB.
Los analistas temen que el DEB agitará las cosas en el mercado de Internet, y todo esto sin efectos notables sobre la piratería. Además de causar graves pérdidas a los proveedores de Internet de todo el Reino Unido, los expertos en seguridad están convencidos de que el proyecto de ley tendrá poco o nada de impacto en la infracción del copyright, ya que el fenómeno sólo será cada vez más clandestino:
“Si la gente va a encontrar que su internet es cortada, porque se puede descubrir quiénes son, a continuación, se trasladarán inmediatamente a los sistemas donde no es posible averiguar quiénes son,” el Dr. Richard Clayton, experto en seguridad informática en la Universidad de Cambridge explica en una entrevista de prensa